Distinguida concurrencia
Amigos de los medios de comunicación
Agradezco el respaldo que el día de hoy refrenda este honorable Pleno de Magistrados al renovar mi encargo de Presidente del Tribunal Electoral de Sinaloa.
Conozco el camino de exigencias que viene implícito en la aceptación de esta importante responsabilidad y la asumo con entereza, expresándoles el compromiso personal de poner toda mi capacidad, experiencia y entrega al servicio de la impartición de la justicia electoral.
Me alienta el trabajo de equipo que todos los integrantes de este Tribunal hemos logrado afinar en el lapso en que he ejercido la Presidencia, el cual ha fructificado en un desarrollo institucional del que me permitiré hacer un recuento puntual, en una sesión posterior, destacando desde ahora la solidez de nuestras resoluciones que en la elección 2007 todas causaron estado, según lo justipreció este órgano, pues las que fueron impugnadas merecieron su confirmación por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación; en sólo una de ellas se hizo una recomposición de votos, pero sin alterar su inicial sentido.
A partir de esta sesión se incorporan los compañeros magistrados supernumerarios, licenciada Maizola Campos Montoya, licenciados Guillermo Lizárraga Martínez, Jesús Iván Chávez Rangel y M. en C. Eduardo Ramírez Patiño, los cuatro con un perfil profesional y méritos académicos que merecen y deben ser ponderados por encima de cualquier descalificación a priori. Estoy cierto que su experiencia y conocimientos sobre el vasto campo del derecho y de la rama electoral en lo particular, vendrán a reforzar el quehacer de esta institución.
El proceso electoral 2010, recientemente iniciado con la convocatoria del Congreso del Estado publicada el pasado viernes 8 de enero en el periódico oficial de nuestra entidad, se ha caracterizado, quizá como ningún otro, por una serie de discusiones jurídicas llevadas tanto ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las siete acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra de la reforma electoral local; la negativa de registro como partido político local de una asociación civil confirmada por este Tribunal y a su vez, por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral y el juicio de revisión constitucional electoral interpuesto en contra de la convocatoria a elecciones, que actualmente se encuentra en trámite, dan cuenta de que vivimos en una época donde la intervención judicial ha cobrado una dimensión nunca antes registrada en el plano de la política electoral.
En ese contexto cobra relieve el pronunciamiento del Máximo Tribunal de Justicia en el país, de fecha 1° de diciembre de 2009 que vino a colmar un sensible planteamiento en abono a la permanencia de las institucionales electorales, que en el nuevo diseño ciudadanizado, llegaron para quedarse, dando así cauce a la profesionalización y a la especialización que le son exigidos, como soportes indispensables en su papel de ser garantes de los valores que inspiran los procesos democráticos.
En el peldaño más reciente de esta evolución jurídica se encuentran diversos temas que originaron modificaciones sustantivas a nuestra legislación electoral y que habrán de aplicarse en este proceso, derivadas de la última reforma en esta materia, a la Constitución General de la República, publicada el 13 de noviembre de 2007, entre los que sobresale el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación sólo a través de los tiempos oficiales que les asigne el Instituto Federal Electoral; la prohibición de la promoción personalizada de los servidores públicos; el derecho de réplica; la reducción de los plazos para precampañas y campañas políticas; la homologación de la fecha de la jornada electoral; los recuentos parciales o totales de votos y la facultad de inaplicar leyes inconstitucionales conferida a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Los integrantes de este órgano hemos seguido muy de cerca estas modificaciones al orden constitucional y legal, por lo que en observancia a las mismas hemos adecuado nuestro reglamento interior, a fin de ampliar el plazo para calificar la elección de Gobernador del Estado, adicionándolo además con un nuevo capítulo que contempla el procedimiento para llevar a cabo el recuento de votos en sede jurisdiccional.
Asimismo, administrativamente, estamos explorando la factibilidad de transmitir, en un futuro mediato, nuestras sesiones jurisdiccionales en internet, a través de nuestro portal www.teesin.org.mx, de tal suerte que los justiciables, o cualquier ciudadano interesado en conocer nuestras decisiones judiciales pueda ver y escuchar íntegramente las disquisiciones propias de una colegiación, que en ocasiones no se ven reflejadas en las sentencias.
A mis pares y a quien esto habla nos queda demasiado claro que estamos transitando en un proceso eleccionario que sin duda será controversial por las cargas de pasión política que le son naturales, de un gran dinamismo y de mucha actividad contenciosa, al estar en juego las tres elecciones que contempla el texto fundamental.
Sabemos pues que a lo largo de este proceso en todo tiempo estará presente la intervención de los árbitros electorales, en planteamientos cada vez más agudos y novedosos de los actores políticos, lo cual celebramos, pues exigen del juzgador pronunciamientos provistos de una fundamentación y motivación mejor acabadas. Así lo reflejan los indicadores y el comportamiento de los comicios de los últimos tiempos y este, convencidos estamos, no será la excepción.
Ante dicha encomienda, los integrantes de este órgano público autónomo fijamos nuestra posición y compromiso, de cara a la sociedad sinaloense, a los partidos políticos, y los que serán sus pre-candidatos y luego candidatos: en la instrucción, discusión y resolución de nuestras sentencias, hoy que contamos con nuevas herramientas para cumplir con la sensible tarea de decir justicia electoral, sólo habrá un único y superior mandato: EL IMPERIO DEL DERECHO.
Culiacán, Sin., a 29 de enero de 2010.
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
MAGDO. LIC. SERGIO SANDOVAL MATSUMOTO |