Me complace sobremanera que esta tarde podamos reunirnos los representantes de los órganos estatales encargados de impartir y procurar justicia y el máximo tribunal del estado mexicano, con el objeto de refrendar nuestro ánimo de colaboración.

Los convenios a suscribirse miran a explicitar la voluntad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuraduría General de Justicia y los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Electoral del Estado, para generar, conjuntamente, actividades encaminadas al fortalecimiento de la administración de justicia, desde aspectos de organización y desarrollo institucional hasta la puesta en marcha de programas divulgadores de la cultura jurídica.

Los acuerdos que hoy plasmamos no se agotan en el plano interinstitucional pues constituyen una respuesta a la sociedad que demanda plena vigencia del postulado constitucional de acceso a la justicia impartida por tribunales expeditos, en forma completa y bajo las características de celeridad, gratuidad e imparcialidad.

La función jurisdiccional en nuestro país se ha desarrollado conforme a un complejo sistema de competencias que distribuye la potestad estatal de juzgar, entre órganos del poder judicial de la federación, los poderes judiciales de las entidades federativas y diversos tribunales especializados autónomos, todos en prosecución del ideal de justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución General de la República.

En ese entorno, como juristas, mucho nos place ser testigos, de la evolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su consolidación como Tribunal Constitucional del Estado Mexicano; institución máxima que como garante de la constitucionalidad, traza el camino en la definición y salvaguarda de los derechos fundamentales de los gobernados y funge como árbitro para dirimir los conflictos entre los diversos órganos del Estado.

Asimismo, es de reconocerse el liderazgo incluyente y respetuoso que ha asumido entre los órganos jurisdiccionales de toda la República, bajo la pretensión de crear espacios de análisis, reflexión y diálogo tanto de orden académico como de intercambio de experiencias institucionales, lo cual ha contribuido en forma muy importante a fomentar lazos de identidad entre todos los órganos corresponsables de velar por el respeto a los derechos y a la Ley en nuestro país.

Para quienes ejercemos la jurisdicción electoral en Sinaloa, es muy significativo y estimulante celebrar un convenio como el que suscribiremos hoy, encontrándonos al inicio de un proceso electoral en el que los sinaloenses habremos de renovar el Órgano Legislativo y los Ayuntamientos del Estado, con nuevas reglas del juego político establecidas por la reforma al marco jurídico electoral llevada a cabo el año 2006, validada incluso por ese máximo Tribunal judicial de la Nación, al haberse promovido, fallidamente en su contra, una acción de inconstitucionalidad. 

Acudo a este acto en nombre de mis compañeros Magistrados del Tribunal Electoral de Sinaloa, para patentizar y revestir de formalidad a una voluntad que ya tiene historia y ha rendido frutos, como han sido la organización de diversas conferencias magistrales sobre temas jurídicos, así como la realización de un diplomado en cultura jurisdiccional llevado a cabo en nuestras instalaciones de septiembre de 2005 a julio de 2006, bajo la diligente coordinación de la casa de la cultura, con sede en esta capital, que lleva por cierto el nombre del ilustre jurista sinaloense, Ministro Eustaquio Buelna, cuyo centenario de su fallecimiento habremos de conmemorar el próximo lunes 30 de abril.

Concluyo expresando mi beneplácito por este esfuerzo institucional conjunto, convencido de que la firma de estos documentos ratifica el interés mutuo por participar en actividades que abonen al desarrollo de la judicatura, en la perspectiva de avanzar hacia un servicio de administración de justicia más eficiente y eficaz.

Muchas Gracias